La Ley Dodd-Frank y La regla Volcker

Thursday, July 5 2012 04:51 | Escrito por Redacción

Las secuelas regulatorias de la crisis financiera continúan en toda la economía. El subfinanciamiento de los fondos estatales y municipales de pensión está generando una nueva atención regulatoria tanto para los fondos mismos
como para las compañías de servicios financieros con las que éstos operan.

Al mismo tiempo, las disposiciones contenidas en la Ley Dodd-Frank para la Reforma de Wall Street,  presentarán desafíos a mediano y largo plazo. La Ley Dodd-Frank de reforma financiera y de protección de los consumidores (que debe su nombre al congresista Frank y al senador Dodd), fue refrendada por el presidente Barack Obama el 11 de julio de 2010, fecha en la que entró en vigor en la actualidad es la noticia del momento.

Si un banco puede darse al lujo de tener unas pérdidas de US$ 2.000 millones, (unos 1.600 millones de euros) previstos y elevarse a 9.000 millones (7.200 millones de euros), informó este jueves el diario The New York Times. El rotativo neoyorquino, que cita fuentes que pidieron el anonimato, recuerda que cuando Jamie Dimon, presidente y consejero delegado de la entidad, la principal por activos en EEUU, dijo en mayo que las pérdidas eran de 2.000 millones de dólares “también estimó que (esa cifra) se podía duplicar”.

El diario agrega que esta situación dará pie al debate sobre lo estricta que debe ser la regulación de las grandes instituciones financieras. JP Morgan dará a conocer sus resultados del segundo trimestre del año el próximo 13 de julio, con los que se conocerá la amplitud de esas pérdidas. “Pese a esas pérdidas el banco dijo que espera unos resultados sólidos para el segundo trimestre”, señala el diario neoyorquino, que recuerda que el entorno “nervioso” de los mercados y la debilidad de las economías socavan Wall Street.

“Creo que la lección más importante que ese episodio de JP Morgan tiene que transmitir es que es difícil controlar el riesgo”, señala Franklin Allen, profesor de Finanzas de Wharton. “Además, aunque la pérdida en cuestión pueda absorberla el banco, queda la pregunta: ¿cuál es el tamaño de las pérdidas que es capaz de absorber? ¿Podría, por ejemplo, una institución de gran tamaño venirse abajo a causa de unas pérdidas así?

¿Dónde nos llevará la regla Volcker?

Las especulaciones arriesgadas y con montantes elevados han jugado un papel fundamental en la crisis financiera. El objetivo de reformas como la que fue propuesta por el proyecto de ley Dodd-Frank pretende cohibir estas prácticas. JP Morgan dice que las operaciones en cuestión formaban parte de una estrategia de hedging o cobertura cuyo objetivo era reducir el riesgo, y no especular, pero lo ocurrido muestra que incluso el hedging puede salir mal. El banco no divulgó detalles de su estrategia. Las operaciones de hedging tienen como objetivo reducir el riesgo, y no ganar dinero. En su forma más simple, un inversor con 100 acciones podría comprar una opción de venta confiriendo a su propietario el derecho de venderla a un determinado precio durante un cierto periodo, dándole garantías contra posibles pérdidas si el precio de la acción cayese.

En otro caso, un banco que haga un préstamo a una empresa podría comprar opciones de venta de las acciones de la compañía, o un credit default swap (CDS), que es un tipo de seguro contra el impago de una deuda específica. Si la empresa fallase y no pagase el préstamo contratado, la opción de venta o CDS generaría un beneficio que compensaría lo ocurrido. “Ese es un tipo de hedge simple y fácil de entender”, dice Itay Goldstein, profesor de Finanzas de Wharton.

La regla Volcker se creó para permitir hedgings de ese tipo, y para dirigir buena parte de ellos hacia opciones y otros tipos de derivados negociados en bolsa, permitiendo que sus valores sean fácilmente monitorizados. En la crisis financiera, muchas instituciones del sector recurrieron a derivados específicos, creados a medida, que eran difíciles de entender y de estimar.

Pero la regla Volcker aún no ha entrado en vigor. En junio se tienen que divulgar algunas de sus cláusulas principales. Las grandes instituciones financieras —principalmente JP Morgan  han estado llevando a cabo fuertes presiones a favor de reglas más flexibles para el hedging bajo la alegación de que restricciones demasiado severas elevarán los costes de las operaciones, reducirán la competitividad internacional de los bancos americanos e impedirán que ellos ofrezcan productos y servicios indispensables. “Jamie Dimon fue una de las principales voces en defensa del relajamiento de la regla Volcker, ya que ella reduce el retorno sobre el patrimonio de JP Morgan”, observa Schwarz.

La gran pérdida que el banco tuvo está asociada al tipo de hedging que Dimon quiere permitir, hedging contra toda una cartera de activos, y no contra cada una de ellas de forma individual. “Hacer hedging de activo por activo es más caro y más complicado”, destaca Goldstein. “A veces, cuando se tienen varios activos que pueden apreciarse o depreciarse, es más fácil protegerlos con un valor mobiliario o un índice complejo, o con alguna cosa parecida, tal y como hizo JP Morgan”. Los partidarios del hedge de cartera dicen que mantiene la atención del banco hacia lo que interesa: el comportamiento de la cartera en general, lo que comprende una serie de riesgos, ya que las condiciones de mercado afectan a los activos de diferentes modos. Puede ser que no haya necesidad, por ejemplo, de hedges individuales para dos activos diferentes ya que, bajo ciertas condiciones, un activo podrá apreciarse mientras el otro se depreciará. En ese caso, los dos activos se protegerían entre sí.

Pero cuando una cartera contiene una cantidad muy grande de diferentes acciones, títulos, commodities y derivados, se vuelve muy difícil predecir de qué manera se comportará todo el conjunto. Los empleados de JP Morgan, según Dimon, crearon posiciones hedge “precarias” que no estaban a la altura de los riesgos.

Mientras más compleja es la cartera de hedge, más difícil será, sin lugar a dudas, que los instrumentos de hedging se muevan adecuadamente en correlación con los activos, dice Harrington. “Se vuelve más difícil conseguir un hedging más eficaz”.

“Creo que el verdadero problema no consiste en la pérdida, sino en lo que él nos dice sobre la gestión de riesgo, incluso en los bancos mejor administrados, como es el caso de JP Morgan”, añade Allen. “Ellos parecen simplemente incapaces de poner a funcionar un sistema que gestione bien los riesgos. Aunque no tengamos las informaciones necesarias, parece que lo ocurrido fue más una operación especulativa que un hedge. Debía haber sido frenado antes de adquirir esas dimensiones, pero eso no fue lo que sucedió”.

Como el hedge de cartera es mucho más difícil de entender, se puede usar para encubrir operaciones enfocadas específicamente en la especulación, observa Schwarz. “La idea de un hedging de cartera representaría una brecha en la regla Volcker que permitió de hecho a los bancos comerciales proseguir con sus operaciones especulativas”, explica Harrington. “Entre las varias posiciones a que el banco puede recurrir, es posible detectar alguna que pueda ser caracterizada como hedging de cartera, pero que no es hedging de hecho”.

Mientras más cambian las cosas…

Si los operadores no consiguen predecir exactamente cómo se comportará el hedge, ¿cómo se espera que los órganos reguladores puedan hacerlo? “El problema es que aún no sabemos exactamente lo que sucedió”, dice Allen. “No hay duda de que el hedging de cartera es una operación compleja”.

Otra dificultad: el factor humano. Un reportaje de New York Times mostró en detalle las peleas encarnizadas entre los empleados de JP Morgan en Nueva York y Londres en un periodo en que el jefe del grupo estuvo alejado debido a una enfermedad. Ni incluso el mejor sistema de gestión de riesgo está inmune a los desvíos provocados por el error humano.

El caso de JP Morgan también llama la atención sobre la cuestión de las instituciones más grandes e influyentes que acaban por obligar al Gobierno a socorrerlas con fondos financiados por el contribuyente para evitar pérdidas demasiados grandes en los casos en que la situación está fuera de control. Esa fue una de las dificultades de la crisis financiera y ahora, a causa de la consolidación ocurrida después de ella, las instituciones de gran tamaño son aún mayores. “En un cierto sentido, JP Morgan muestra que tal vez las cosas no hayan cambiado tanto después de la crisis financiera”, observa Goldstein.

Las empresas que cuentan con la ayuda de emergencia están más inclinadas a incurrir en riesgos, dice Goldstein, refiriéndose al proceso llamado “riesgo moral”. La ley Dodd-Frank, aunque sea un intento de reducir los riesgos en el sistema, en realidad consagra el proceso de auxilio al fijar los pasos que deben ser dados por el Gobierno, añade Harrington. Él llega, inclusive, a extender el proceso a otros tipos de institución considerados “sistémicamente significativos”, en una reacción al papel desempeñado en la crisis por American International Group, básicamente una compañía de seguros de gran tamaño.

“Es ingenuo creer que, de algún modo, no importa cuál sea el caso, la ley Dodd-Frank ha resuelto el problema de las empresas demasiado grandes para caer”, dice Harrington. “En realidad, creo que esa ley, de la manera en que fue formulada, va a acabar aumentando el problema”.

“Eso parece un recordatorio de la necesidad de regulación”, observa Schwarz. “JP Morgan está protegido de forma explícita por la Reserva Federal y todo el mundo sabe que éste jamás permitiría su suspensión de pagos”.

“Eso sirve de estímulo al banco para que corra riesgos extremos, ya que puede lucrarse con lo que hay de positivo en ellos a costa de un riesgo modesto en lo que ese tipo de operación tiene de desventajoso”, añade Schwarz en referencia a las apuestas en eventos improbables. “En aquella ocasión, la pérdida fue administrable, pero en la próxima podrá no serlo [...] Los modelos que las instituciones crean para medir su riesgo nunca funcionan de forma debida en el caso de riesgos extremos, porque se trata de eventos raros y ninguna crisis es exactamente igual a otra. JP Morgan siempre estuvo a la vanguardia de la gestión de riesgos, y el episodio en cuestión es sólo un aviso más de que esos modelos fallan cuando son más necesarios”.

Aunque sea imposible garantizar que jamás habrá otra crisis financiera, es posible hacerlas menos severas y frecuentes, añade Schwarz. “La aplicación de la ley Volcker de forma más rigurosa sería una excelente ayuda”, dice ella. “Esto sería un obstáculo para la rentabilidad de los grandes bancos comerciales, sin embargo otras instituciones financieras se beneficiarían de eso, haciendo que el sistema financiero fuera más estable. La pérdida de JP Morgan tal vez haya ocurrido en un buen momento, ya que puede hacer que los órganos reguladores trabajen con una versión más severa de la regla Volcker”.

La Ley Dodd-Frank

La Ley contiene 2,319 páginas, que conforman un marco jurídico y financiero para evitar crisis financieras por medio de una serie de medidas. Son aproximadamente  11 diferentes agencias gubernamentales que se encargan de poner en práctica las regulaciones establecidas en la Ley.

La Ley acomete una profundísima reforma financiera abarcando casi todos los aspectos de la industria de los servicios financieros como respuesta a la peor crisis financiera desde la gran depresión, con el objetivo de devolver a los inversores la confianza en la integridad del sistema financiero. Las reformas más sustanciales de la nueva regulación de valores –exceptuando las medidas sobre mercado hipotecario o las que afectan exclusivamente a legislación bancaria o de seguros- son las siguientes:

1) Refuerzo de la protección de los inversores: responsabilidad, consistencia y transparencia.

La Ley Dodd-Frank crea una Agencia (“Consumer Financial Protection Agency”) con la única responsabilidad de velar por la protección del inversor (en sustitución de las siete agencias federales que existen actualmente con responsabilidades parciales). Esta Agencia estará dotada de facultades para emitir normas escritas, para hacer cumplir la legislación con amplia jurisdicción sobre distintos tipo productos y personas –incluyendo por primera vez, compañías financieras no bancarias-, y para responder con rapidez cuando tengan lugar malas prácticas que induzcan a engaño a los inversores. La nueva Ley establece la utilización de un lenguaje claro y sencillo que facilite a los consumidores la información concisa necesaria para tomar decisiones financieras, y aboga por la estandarización creciente de productos sencillos para prevenir posibles discriminaciones y abusos.

La nueva legislación propone otros instrumentos para impulsar la protección de los inversores: un programa de incentivación de denuncias con recompensas –gestionado por la Securities Exchange Commission (SEC)- de hasta un 30% de los fondos recuperados; la creación del “Investment Advisory Committee”, quien asesora a la SEC en sus prioridades regulatorias y sus prácticas; la creación de la “Office of Investor Advocate” en la SEC, que identifica áreas en las que los inversores tienen problemas significativos en sus relaciones con la SEC y les facilitan asistencia; y el establecimiento del defensor del cliente (Ombudsman) quien recibirá las reclamaciones de los clientes. La Ley también crea una línea gratuita para todo el territorio y un sitio web para reclamaciones de los consumidores sobre productos y servicios financieros.

2) Riesgo sistémico: fuerte supervisión y regulación de las firmas financieras.

La Ley Dodd-Frank crea un Consejo de Supervisión de estabilidad financiera (“Financial Stability Oversight Council”) con importantes responsabilidades: identificar y responder a riesgos emergentes en todo el sistema financiero, asesorar a la Reserva Federal en la identificación de entidades cuya quiebra podría suponer una amenaza para la estabilidad financiera (debido a la combinación de tamaño, nivel de endeudamiento e interconexión) y facilitar el intercambio de información y la coordinación. La regulación obligará a todas las firmas que suponen un riesgo para el sistema financiero a sujetarse a requerimientos de capital más fuertes y a otros estándares prudenciales que serán más elevados en el caso de firmas interconectadas. La reforma financiera requerirá, por primera vez, que los asesores de hedge funds (y otros fondos de activos) se registren en la SEC y estén sujetos a la obligación de facilitar información acerca de sus operaciones y carteras en cuanto ésta sea necesaria para evaluar el riesgo sistémico. La nueva Ley también crea la “Office of Financial Research” en el Tesoro cuyo personal estará formado por expertos con conocimientos altamente sofisticados que apoyarán el trabajo del Consejo recopilando datos financieros y llevando a cabo análisis económicos.

3) Supervisión global de los mercados financieros: titulización, derivados y agencias de calificación crediticia.

La nueva Ley tiene como objetivo que los mercados financieros sean lo suficientemente fuertes para soportar tanto problemas que afecten a todo el mercado así como la quiebra de una o más grandes entidades.

Mercado de titulización de activos. Las compañías que vendan activos titulizados (por ejemplo, hipotecas) deberán: retener un porcentaje del riesgo de crédito (a menos que las garantías subyacentes cumplan los estándares que permitan reducir dicho riesgo) y facilitar información acerca de los activos subyacentes y analizar sus cualidades. La SEC continuará sus esfuerzos para aumentar la estandarización y el nivel de información facilitada por los emisores.

Mercados de derivados. La SEC y la Commodity Futures Trade Commission (CFTC) tendrán autoridad para regular los derivados OTC, armonizar la regulación de los futuros, aumentar la supervisión de las actividades, determinar qué contratos deberán ser liquidadas en una cámara central de contrapartida, aprobar con carácter previo los contratos que serán admitidos a liquidar en las cámaras, solicitar datos de las operaciones, difundir información a través de las cámaras o de las centrales de almacenamiento de datos en los swaps (para mejorar la transparencia y facilitar a los reguladores importantes herramientas para supervisar y responder a los riesgos) y, finalmente, imponer sanciones. Se redactará un código de conducta para negociadores y participantes en los mercados de swaps.

Agencias de Calificación Crediticia. La reforma crea la “Office of Credit Ratings” en la SEC con poder para multar a las agencias. La SEC deberá: en primer lugar, examinar las “Nationally Recognized Statistical Ratings Organizations” (NRSRO) una vez al año y hacer público un informe con las conclusiones de dicho examen; segundo, fortalecer sus medidas para intentar evitar conflictos de intereses (por ejemplo, informando a la SEC cuando un empleado de la NRSRO va a trabajar a una entidad que el NRSRO ha calificado en los doce meses previos o creando nuevos mecanismos para prevenir que los emisores puedan elegir la agencia que –piensen- les va a otorgar el rating más alto); y tercero, fortalecer la integridad del proceso de calificación (por ejemplo, la SEC requerirá de la NRSRO la difusión de sus metodologías, del uso de “due diligences” de terceras partes y de registros existentes de calificaciones). Los inversores podrán ejercitar acciones de responsabilidad frente a las agencias de calificación por fallos deliberados o negligentes en la realización de su actividad. La SEC, por su parte, podrá excluir del registro a una agencia que esté emitiendo calificaciones fallidas.

4) Otras herramientas para prevenir crisis financieras: no más “too-big-to- fail” y gobierno corporativo.

El fin de ”too-big-to-fail” (demasiado grande para caer): si una institución financiera de gran tamaño incumple sus obligaciones, los reguladores ordenarán su cierre y liquidación en forma segura y ordenada sin que los se produzcan rescates a costa de los impuestos y sin llevar riesgo al resto del sistema financiero; para prevenir dicha situación, se establecerán requisitos más exigentes sobre el capital y nivel de endeudamiento. La llamada regla Volcker (restricciones en la negociación de acciones propias, en inversiones en hedge funds o intrumentos de private equity que no sean los más beneficiosos para los clientes) será asimismo aplicable a instituciones financieras no bancarias.

Gobierno corporativo: remuneración de directivos y más responsabilidad. La nueva legislación proporciona a los accionistas voz y voto (si bien no vinculante) sobre remuneración y blindaje de contratos de directivos. En las sociedades anónimas, si la remuneración estaba basada en estados financieros inexactos que no cumplen con los estándares financieros, las compañías establecerán mecanismos para la devolución de las remuneraciones. La SEC garantizará a los accionistas el acceso a través de un delegado a la designación de directores. Los estándares para cotizar en un mercado requerirán que los comités de remuneración incluyan solamente directores independientes y tengan autoridad para contratar consultores externos con el objeto de reforzar su independencia de los ejecutivos cuya remuneración están evaluando.

5) Aumento de los estándares regulatorios internacionales y mejora de la cooperación internacional.

La Ley pretende reforzar el marco internacional, mejorar la supervisión global de los mercados financieros, aumentar la supervisión de firmas financieras internacionales, reformar la prevención de crisis y su gestión por las autoridades y procedimientos, aumentar el papel del FSB (“Financial Stability Board”), impulsar las normas de supervisión prudencial, incluir mejores prácticas remuneratorias, promover estándares más elevados en las áreas siguientes: normas prudenciales, impuestos, áreas de intercambio de información, contabilidad y supervisión de las agencias de calificación crediticia.

 
Karen Blanco

 

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